La ley chilena sobre regulación que lleva un año en debate

Chile debería haber empezado esta semana a implementar las reformas en la Ley 20.000, sobre la cual llevan discutiendo casi un año. Esta ley permitía en principio la despenalización del autocultivo privado de cannabis y el uso de las propiedades terapéuticas de esta planta.

La iniciativa para modificar esta ley en octubre de 2015, que fue aprobada en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, permitía la posesión de diez gramos de cannabis y el cultivo de hasta seis plantas para uso personal. Posteriormente, el Gobierno introdujo algunos cambios en el proyecto ya que la iniciativa les parecía muy permisiva; se redujo la cantidad máxima de posesión a dos gramos y el autocultivo a una sola planta. Antes de que la comisión de salud revisara los nuevos cambios,  un grupo de diputados de Nueva Mayoría, coalición que agrupa a un conjunto de partidos de centro izquierda e izquierda, inició un debate para limitar más las libertades que se entregaban a la iniciativa legal. Según el diputado Alvarado, algunos integrantes del partido piensan que el autocultivo es una medida demasiado permisiva y difícil de controlar, y se posicionan a favor ante la dispensación de licencias autorizadas a laboratorios o instituciones que lleven un registro de consumidores. Según el diputado estuvo en Uruguay para conocer la experiencia del país con su propuesta en la que se otorga a ciertas farmacias una licencia de producción y comercialización de cannabis. En Uruguay existe un registro confidencial (nombre, profesión y antecedentes) de las personas que adquieren marihuana o productos derivados. Estos usuarios están limitados a un máximo de diez gramos semanales.

Pero como Nueva Mayoría es una coalición de varios partidos, existen varias posturas ante este tema. El presidente de la comisión de salud, Víctor Torres, critica que esta iniciativa se convierta en un modelo de negocio. En el caso de Chile, el proyecto de ley impide la comercialización, por lo que el otro grupo apoya la modalidad de autocultivo.

Por otro lado, el proyecto se ha visto afectado por críticas como la del fiscal Luis Toledo que le preocupa que las nuevas reformas en la ley puedan beneficiar al narcotráfico. El jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias peligrosas del Ministerio Público comenta que “basta para quien decida traficar o vender, ajustar su dosis a la cantidad permitida para portar o cosechar legalmente”. Este punto de vista es contrario al del gobierno que cree que los narcotraficantes necesitan un número mayor de plantas que el que la Ley 20.000 permitiría.

Estaremos pendientes a ver que sucede con esta situación, ya que esta tarde se vota esta iniciativa en la comisión de salud de la Cámara de Diputados.